
Argentina reconoció esa fecha por medio del decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 7550, de 1945. Sin embargo, los derechos de los aborígenes argentinos estuvieron lejos de ser una prioridad de los gobiernos nacionales durante el resto del siglo XX. Con la reforma constitucional de 1994, esa tendencia pareció comenzar a cambiar, pues el artículo 75 incluyó entre las responsabilidades del Congreso Nacional:
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”
Fuente: http://www.educared.org